México, 13 dic (PL) El debate sobre las funciones en seguridad pública de los militares mexicanos continúa hoy, cuando tanto el Ejército como la Marina Armada del país siguen en la primera línea de fuego contra el crimen organizado.
Una década después de la guerra iniciada por el gobierno del presidente Felipe Calderón contra los carteles del narcotráfico, la Comisión de Derechos Humanos subrayó que la seguridad pública corresponde a instituciones civiles y cuerpos policiales.
El presidente de la CNDH, Raúl González, señaló que las Fueras Armadas deben volver a sus cuarteles cuando las condiciones del país así lo permitan, aunque instó a establecer «para ello una ruta gradual y verificable».
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, que correspondió post morten al antropólogo y activista Rodolfo Stavenhagen, enfatizó que la criminalidad imperante en el país resulta uno de los fenómenos más corrosivos contra la dignidad humana.
Apuntó que el aporte de los militares mexicanos frente a este y otros fenómenos delictivos»no debe asumirse como algo permanente».
Hace unos días el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, reclamó un marco legal para las intervenciones de los uniformados, así como un cronograma para el regreso a sus bases.
Cienfuegos fue crítico sobre el desempeño de los cuerpos policiales y otras instancias estatales y gubernamentales en materia de seguridad y orden interior.